EL COLOMBIANO
LUNES
Ortega y Chávez: como un espejo
Sabíamos de las estrechas relaciones entre los presidentes Daniel Ortega y Hugo Chávez, pero que el primero quiera aplicar la misma fórmula del segundo para tratar de perpetuarse en el poder no resultará fácil, así se acuda a la vía de la represión violenta contra la oposición. Ni siquiera usando a los colombianos como chivos expiatorios para ocultar la profunda crisis institucional y social que afronta Nicaragua.
EL COLOMBIANO | Medellín | Publicado el 3 de mayo de 2010
La retención ilegal de 22 pescadores colombianos por parte de Nicaragua, en clara violación de derechos fundamentales y de la soberanía nacional, tiene motivaciones mucho más profundas y resulta una copia burda, peligrosa y contagiosa de lo que ha ocurrido con otros compatriotas en el vecindario.
La profunda crisis institucional que el presidente nicaragüense Daniel Ortega pretende resolver con represión en contra de la oposición o cooptando los otros poderes del Estado a través de maniobras ilegítimas, nos pone en contexto de lo que ha pasado recientemente en Venezuela y pasa hace décadas en Cuba.
Es la vieja estrategia de buscar los "enemigos" por fuera, cuando realmente están en casa. Ortega, al mejor estilo chavista, busca chivos expiatorios en aguas colombianas y ahora quiere achacarnos los graves problemas de violencia, narcotráfico y pobreza que vive Nicaragua. Sólo que en el caso de los pescadores colombianos, que no llevaban cámaras ni estaban tomando fotos como espías, el cálculo le falló a Ortega. Los retenidos estaban en aguas colombianas y fueron obligados a entrar en zona de Nicaragua.
Este hecho fue ideal para que Daniel Ortega encontrara, por fuera de la frontera, la excusa para apaciguar el polvorín político que representa querer cambiar la Constitución en su propio beneficio.
En esencia, la crisis institucional que vive Nicaragua tiene como telón de fondo la decisión de la Corte Suprema de Justicia que declaró inaplicable el artículo constitucional que prohíbe la reelección presidencial consecutiva y limita a dos el número de mandatos, en una sesión privada en la que los magistrados liberales fueron sustituidos ilegalmente por sandinistas. ¿No se parece mucho a lo que pasó con Chávez y su "moribunda Constitución venezolana?
Y como para que no queden dudas del parecido con el vecino, el propio Presidente Ortega decidió coger atajos para contrarrestar la parálisis del Congreso, la Corte Suprema y el Tribunal Supremo Electoral. Expidió un decreto por el que extiende el mandato de funcionarios afines, a los que se les venció o está por vencerse el período de cinco años para el que fueron nombrados, a pesar de que la competencia para ello le corresponde a la Asamblea Nacional. El rechazo a esa decisión es lo que ha provocado la reacción violenta y armada de los seguidores de Ortega contra la oposición.
En consecuencia, es necesario redoblar los esfuerzos diplomáticos para conseguir la libertad de los colombianos retenidos en Nicaragua y adoptar medidas preventivas, que no timoratas, frente a las provocaciones y atropellos que se seguirán presentando en las zonas de frontera, por lo menos mientras algunos de nuestros vecinos sigan poniendo cortinas de humo para tapar sus problemas internos.
DOMINGO
Universidad: la droga es trampa
No decimos que la droga es una trampa sólo por su perverso efecto sobre la salud humana. Lo advertimos porque en torno a ella gravitan poderosas redes delincuenciales, las mismas que hoy intentan atrapar con sus tentáculos a las comunidades universitarias del Valle de Aburrá. Violencia, corrupción, indisciplina y enfermedad son el único legado que les dejan droga y "narcos" a quienes tocan.
EL COLOMBIANO | Publicado el 2 de mayo de 2010
Ha sido de su total autonomía que las universidades resuelvan los problemas que afectan el interior de sus campus. Se trata de una figura que contempla que es la misma capacidad de conocimiento e influjo ejemplar sobre la sociedad la que le permite a la Universidad sortear los tiempos difíciles. Y así, por la vía de su sabiduría y su libertad inviolables, transmite y comparte a la comunidad reflexiones que abren paso a la mejoría del cuerpo académico y social.
Hoy se tienden sobre las universidades de Medellín y el Valle de Aburrá -que no son las únicas del país enfrentadas a esta amenaza- redes de micro traficantes que les ofrecen a los estudiantes toda clase de drogas psicoactivas ilegales. Están penetrando las ciudadelas universitarias o rodeándolas, para hacer su negocio, tan dañino y desastroso. Hay ejemplos de tal permeación en el hecho mismo de que funcionen expendios al aire libre, y a plena luz del día, en algunos rincones estratégicos de los complejos universitarios.
No se trata ya de aquella imagen algo "pintoresca y contestataria" de universitarios rebeldes experimentando en diversos campus del mundo drogas y estimulantes denominados "blandos" como la marihuana y el alcohol -igualmente nocivos y peligrosos- sino que se trata del comercio despreciable de potentes y destructivas drogas como la heroína y la cocaína y de bebidas alcohólicas artesanales sin ningún control sanitario ni químico. Con resultados tan lamentables y trágicos como la muerte de estudiantes por sobredosis y el asesinato de miembros de la comunidad universitaria que se oponen a ese tráfico y a ese consumo detestables.
Estamos planteando, entonces, la necesidad urgente de que las autoridades universitarias, todas, en todos sus niveles, y de que las autoridades gubernamentales, todas, en todos sus niveles, comprometan e integren esfuerzos en la dirección de combatir y atender un problema que además de tener dimensiones de salud pública, también los tiene de orden público y de seguridad. Estamos llamando a que se abra un espacio de reflexión conjunta para que se diseñen mecanismos efectivos de control a ese consumo nada recomendable en poblaciones jóvenes (y adultas), tan vulnerables, y al desmonte de un negocio ilegal que no tiene otro cometido que el lucro de unos pocos, a costa de la corrupción, la desinstitucionalización y la lumpenización de todo lo que toca.
No estamos tomando partido por las medidas represivas ni por la vulneración de la autonomía universitaria. Estamos tomando partido por una acción inmediata y eficaz, interinstitucional, que frene el consumo y el expendio descarados que este diario documentó en una investigación periodística reciente. Y que se ponga en jaque a quienes, realmente, son enemigos de los mejores valores y de la imagen ejemplar que encarna la Universidad. Que se neutralice a quienes persiguiendo el dinero fácil, y auspiciando incluso la inseguridad en los claustros estudiantiles, promueven la degeneración de la vida académica y la insalubridad mental y física de nuestros futuros profesionales.
Queremos a la Universidad y a las universidades, todas de los más caros afectos, y que son núcleo esencial del saber y de la integración de nuestra sociedad. Por eso nuestra alerta, por eso nuestro llamado, por eso nuestra preocupación. Por eso el interés de que cada una -y todas juntas, interactuantes- detecten y corrijan las debilidades y vacíos que les dejan las puertas abiertas a criminales sin hígados, a personas que ensombrecen y empobrecen el espíritu juvenil y vigoroso de los campus universitarios. Y que si esa lucha requiere el apoyo de la autoridad pública, en alguna instancia y momento, pues que así se determine
VIERNES
"Justicia y Paz" debe seguir
Es urgente que el Congreso apruebe la prórroga de la Ley de Justicia y Paz, solicitada sensatamente por el Alto Comisionado para la Paz y por la Comisión Nacional de Reparación. Sería una miopía no hacerlo ya que se lesionarían los derechos de las víctimas del paramilitarismo y la guerrilla. No se trata de una amnistía ni un indulto sino de conocer la verdad de nuestra violencia.
EL COLOMBIANO | Medellín | Publicado el 30 de abril de 2010
Si bien es un hecho que la Ley de Justicia y Paz (975 de 2005), no ha logrado aún condenas para los responsables de delitos atroces, también lo es que con ella se ha avanzado en la obtención de la verdad y la reparación, ya que los ex paramilitares han enunciado 35 mil hechos criminales, reconocido 17 mil delitos, y se han asignado 200 mil millones de pesos para reparar a las víctimas. Además, es urgente extender su vigencia y permitir una solución para 25 mil personas que se encuentran en un limbo jurídico, ya que se desmovilizaron después del 25 de julio de 2005, fecha límite para que los cobijara la Ley.
Lo que está en juego es la reconciliación de Colombia, tal como lo afirmó el Alto Comisionado para la Paz, Frank Pearl, al solicitarle al Congreso de la República la aprobación de la prórroga de la Ley 975, para ampliar su vigencia hasta mediados de 2006. De no ser así se lesionarían los derechos a la verdad, la justicia y la reparación, dado que sólo se podrían sancionar aquellos delitos que la justicia ordinaria logre probar, sin tener en cuenta las confesiones.
No desconocemos que en todos los años de aplicación de esta Ley se han presentado tanto aciertos como sombras. Alrededor de 31 mil miembros de las autodefensas dejaron las armas, y es evidente la drástica reducción de masacres, secuestros y delitos políticos. De otro lado, se rearmaron bandas emergentes, quedaron en incertidumbre legal miles de desmovilizados y no hay bienes suficientes para la reparación.
Es preciso que los delitos cometidos tanto por los 25 mil ex Auc como por 250 ex guerrilleros del Eln y 400 de las Farc, durante el año posterior a la promulgación de la Ley de Justicia y Paz, queden amparados por esta normatividad excepcional, pionera y modelo para el mundo en materia de justicia transicional. Las mismas víctimas reclaman esta legislación, pues saben que para que a los excombatientes se les concedan beneficios penales, hay unos requisitos inamovibles: que confiesen unos hechos, respondan por ellos, los reparen integralmente y se comprometan a no repetirlos.
Sería miope minimizar la trascendencia de esta normatividad respecto a su utilidad para conocer la verdad sobre nuestra violencia. Los desmovilizados en las versiones libres han confesado más de 14 mil homicidios y sus testimonios han permitido encontrar 2.500 fosas comunes, en las que fueron hallados 3.000 restos óseos humano.
Medellín no es ajeno a estas confesiones de los ex paramilitares. El pasado martes un ex autodefensa, detenido en una cárcel y postulado a la Ley de Justicia y Paz, guió a una comisión judicial por el sector de La Escombrera, en la comuna 13, y ubicó lugares donde las Auc sepultaron decenas de sus víctimas bajo toneladas de escombros y tierra. Los desmovilizados saben muy bien que deben confesar todos sus delitos para obtener los beneficios legales, conforme lo obliga no sólo la Ley 975 sino la misma Corte Constitucional, cuando declaró la exequibilidad de la citada norma.
No debe haber temor en prorrogar la Ley de Justicia y Paz, de tal suerte que permita incluir a los 25 mil desmovilizados que quedaron por fuera, para evitar la impunidad y el grave riesgo de su regreso al crimen. Hay que reiterar que no se trata de una amnistía ni de un indulto, sino de una legislación transicional que permite resolver con cierto grado de equidad y reconciliación la tensión entre justicia y paz.
MIERCOLES
TLC: trato injusto de E.U.
Por la falta de voluntad política del Gobierno y el Congreso estadounidenses, que ha impedido la ratificación del Tratado de Libre Comercio con Colombia, se le está dando un trato injusto y discriminatorio al mejor aliado que ha tenido Estados Unidos en el continente americano en los dos últimos gobiernos. Aquí también se han cometido fallas graves que nos hicieron perder una gran oportunidad.
EL COLOMBIANO | Medellín | Publicado el 28 de abril de 2010
Cuando el Ministro de Comercio, Industria y Turismo, Luis Guillermo Plata, al referirse a una eventual ratificación del TLC con Estados Unidos por parte del Congreso de ese país, dijo: "se va uno con un nivel de desconcierto por la desconexión entre el discurso y las acciones. Yo veo que el TLC de aquí al 7 de agosto es muy difícil", dejó en claro que al Gobierno y al Congreso estadounidenses definitivamente les ha faltado voluntad política frente al tratado comercial con Colombia.
El Presidente Obama propuso el comercio exterior de exportaciones como la principal estrategia para enfrentar el alto desempleo que ha soportado el país del norte. Adicionalmente, y frente al avance que países competidores de los Estados Unidos, como China y los de la Unión Europa, han logrado con la firma de tratados comerciales, y de las evidentes ventajas que ello representa para la venta privilegiada de bienes y servicios, el Mandatario reconoció la importancia de dichos acuerdos como instrumento comercial que debe aplicar su país para no quedarse atrás de sus pares comerciales.
Pero parece, como acertadamente lo reconoce el Ministro Plata, que las realidades políticas de Washington han prevalecido sobre las intenciones que tanto el Presidente Obama como algunos de sus funcionarios han manifestado con respecto a la aprobación del acuerdo comercial con Colombia.
Estas realidades tienen que ver con el afán del partido Demócrata de mantener el control del Capitolio, de cara a las decisivas elecciones al Congreso del próximo mes de noviembre, en donde el apoyo de los sindicatos estadounidenses, que son mayoritariamente opuestos al tratado, es fundamental.
Sin embargo, no hay que pensar que el problema de la ratificación definitiva del tratado con Estados Unidos sólo recae en el complejo mundo político estadounidense. En Colombia también se han cometido errores injustificables, y ciertos sectores asumieron posiciones que han lesionado no sólo el trámite del tratado sino los intereses y la imagen del país.
Las dificultades que en su momento se tuvieron adentro del propio Gobierno colombiano cuando un ministro entrabó el avance de la discusión del acuerdo; las posiciones egoístas y recalcitrantes de algunos gremios que sólo defendían sus intereses en contra de los del resto de colombianos; y la diplomacia paralela que la oposición le montó al TLC y que ensombreció la imagen de Colombia, tuvieron como resultado que se frenara el ingreso del país al mercado de libre comercio con Estados Unidos. Colombia dejó pasar el tiempo y perdió una gran oportunidad en el Gobierno Bush, cuando el Ejecutivo republicano tenía mayorías en el Congreso.
Frente a la realidad política del TLC con Estados Unidos, no le queda a Colombia otra salida que agilizar la firma de los tratados comerciales con Canadá y la Unión Europea y, en general, insistir en la necesidad de seguir ampliando mercados y firmando acuerdos de cooperación comercial y libre comercio como, por ejemplo, con Asia Pacífico. Al mismo tiempo, el Gobierno Nacional y las fuerzas vivas del país deben mantenerse firmes en las gestiones necesarias de presión ante el Ejecutivo y el Congreso estadounidenses.
En algún momento Washington se tendrá que dar cuenta del trato injusto y discriminatorio que le está dando a la nación colombiana, su mejor y más leal aliada en el continente americano.
