EL MUNDO La subasta perversa Con la subasta de Hidro-Ituango estaríamos desahorrando, es decir, vendiendo la casa que vamos a heredar. Ex gobernadores, ex alcaldes de Medellín, ex gerentes del Idea, ex parlamentarios, diversos columnistas y analistas, han expresado, todos con argumentos muy serios y algunos – particularmente nuestros columnistas Eugenio Prieto y Ramón Elejalde – con respaldo en documentos y pruebas contundentes, que la subasta prevista para el 30 de julio próximo, mediante la cual se pretende adjudicar la construcción y operación de la Central Pescadero-Ituango, es un atentado contra el patrimonio y los intereses estratégicos del departamento de Antioquia. La respuesta del gerente del Idea, Álvaro Vásquez, principal responsable de la que sería una “tropelía” – a juicio del colega editorialista de El Colombiano – o un “crimen de lesa patria”, como lo llamó el ex gobernador y dos veces alcalde de Medellín, Juan Gómez Martínez – ha sido la de amenazar a los críticos con demandas por “pánico económico”. A riesgo de sufrir la misma suerte, aquí está lo que pensamos sobre el tema. Hay dos aspectos en el intento del Idea. Uno es el de la cuantía que se espera de la subasta, que algunos consideran, con argumentos válidos y respetables, que será mucho menor que lo que realmente vale el hecho de hacerse dueño de las utilidades que va a producir la central en los primeros 30 o 40 años de operación, con el agravante, como anota El Colombiano, de que será una empresa extranjera, por “una prima irrisoria”, la que se lucre del negocio, cuyo verdadero valor sería el resultado de un complejo y detallado estudio de las posibles utilidades anuales de esa operación traídas a valor presente. El otro aspecto, que para nosotros es más importante, es que el Idea se pretende apoderar de esa futura renta de la hidroeléctrica, incurriendo en un desahorro, como se llama esa maniobra en el lenguaje administrativo empresarial, en contravía de lo que ha sido la tradición antioqueña de manejo – tanto de las empresas familiares como de la gran empresa del Departamento – que es ahorrar y capitalizar para fortalecer cada vez más la base estructural de su riqueza. Eso es lo que a nosotros nos parece más grave y por eso consideramos que toda la opinión pública debe presionar la cancelación de esa subasta, que por suerte se puede hacer ahora mismo, sin perjuicio alguno, ya que, gracias a la permanente insistencia del gerente de Hidro-Ituango, se advirtió que en cualquier momento podía ocurrir una cancelación y que los que solicitaban los pliegos y documentos informativos básicos para la posible subasta no tendrían derecho a reclamo alguno. En el momento en que se cancele la subasta, EPM podría entrar a desarrollar el proyecto y nos atrevemos a sugerir que para arrancar, facilite como crédito o como recompra de acciones de Hidro-Ituango, los recursos para que el Idea no quede en rojo, pues nadie tiene el ánimo de quebrarlo. Pero si se hace la subasta, evidentemente el instituto se estaría apropiando de esos beneficios y cancelando la posibilidad de que el Departamento se beneficie de las utilidades que pueda arrojar el proyecto en los primeros 30 o 40 años. La historia de EPM, nacida en ceros, nos sugiere la magnitud de ese valor. Insistimos, estaríamos desahorrando, vendiendo la casa que vamos a heredar. Y así como rechazamos el intento de apropiarse de esa renta potencial para esta administración, tampoco pretendemos que se liquide o arruine el Idea, como lo dijo claramente el ex gobernador Aníbal Gaviria. Por eso estamos proponiendo que Empresas Públicas de Medellín asuma la financiación y la construcción y operación de la central, facilitando en cualquier forma la recuperación de los dineros ajenos que efectivamente ha invertido el Idea en su intento de apoderarse de los beneficios de la Central, para que no sea liquidado y para que no sufran perjuicio las personas o entidades que consignaron dineros que el Instituto utilizó precisamente para embarcarse en la loca aventura. En síntesis, nuestra principal crítica no es por la cuantía de la operación, es decir, por el monto a que llegue la subasta, que presumiblemente sería una fracción de su valor real, sino por el hecho de que el doctor Luis Alfredo Ramos, como gobernador, y el doctor Álvaro Vásquez, como gerente del Idea, se vayan a apoderar para su ejercicio de todo lo que Antioquia podría recibir en ese lapso. Ese es el atraco al Departamento que se está fraguando y por eso es por lo que estamos denunciando ante la opinión pública antioqueña y colombiana, y exigiendo que se eche definitivamente atrás, lo que a todas luces es “una subasta perversa”

Una verdad resabida No hay inconsistencia entre lo que dijo en marzo y lo dicho hace dos días por el general Fraser. Hay cierto revuelo, especialmente en medios proclives al régimen del coronel-Presidente Chávez, por unas declaraciones que dio el miércoles el jefe del Comando Sur de los EEUU, general Douglas Fraser, en el sentido de que “el vínculo entre el Gobierno de Venezuela y las Farc ha sido documentado durante años y entendemos que continúa, según la información que tengo”. Según el alto oficial norteamericano, esos nexos se traducen principalmente “en apoyo financiero que refuerza la capacidad logística” (de la guerrilla). Según esos medios del entorno chavista, empezando por la Agencia Bolivariana de Prensa, el general Fraser se estaría contradiciendo con lo que dijo a comienzos de marzo pasado, ante el Comité de Servicios Armados del Senado estadounidense. En esa ocasión, a instancias del senador John McCain, fuerte crítico del régimen chavista, el general Fraser respondió una pregunta relacionada con los señalamientos del juez de la Audiencia Nacional española, Eloy Velasco, en el sentido de que el Gobierno venezolano facilitó los contactos entre las Farc y Eta para planear el asesinato de funcionarios colombianos, residentes o de visita en España, entre ellos el ex presidente Pastrana y el presidente Uribe. Su respuesta fue: “No hemos visto conexiones que yo pueda verificar... pero es algo que nos preocupa”. Y agregó: “Hemos seguido buscando muy de cerca cualquier conexión de gobiernos con actividades de organizaciones ilícitas y terroristas dentro de la región”. Esa respuesta del general Fraser fue celebrada de inmediato como una victoria por el embajador venezolano en Washington, Bernardo Álvarez. Se trataba, según él, de un desmentido a la posición que antes había expresado el subsecretario Adjunto para América Latina, Arturo Valenzuela, sobre los nexos del gobierno Chávez con la guerrilla de las Farc. “Estamos felices – dijo el embajador – de que al menos un funcionario estadounidense haya sido lo suficientemente honesto como para admitir la verdad y echar por tierra cualquier mito sobre la presunta vinculación de Venezuela con grupos terroristas”. Fue tal la alharaca de los medios de propaganda chavista sobre el supuesto “choque de trenes” entre el Pentágono y el Departamento de Estado, que el propio general Fraser debió emitir al día siguiente, 12 de marzo, un comunicado aclaratorio: “El secretario asesor sobre Latinoamérica Arturo Valenzuela y yo, hablamos esta mañana sobre las relaciones entre el gobierno de Venezuela y las Farc. No existe diferencia alguna entre nuestras posturas y estamos completamente de acuerdo. De hecho, existen pruebas históricas y actuales, claras y documentadas, de las relaciones entre el gobierno de Venezuela y las Farc… Estamos exactamente en la misma línea que nuestros socios en el Departamento de Estado y en la comunidad de la inteligencia”. No hay, pues, inconsistencia entre lo que dijo en marzo y lo dicho hace dos días por el jefe del Comando Sur de EEUU. Sólo que, como no les convenía su contenido, la diplomacia venezolana y sus altavoces ignoraron por completo aquella aclaración que, incluso, nos parece mucho más categórica y mejor expresada, tal vez por tratarse de un escrito, que la que ayer dio pie para grandes titulares de la prensa colombiana. En ese comunicado está consignada, sin sombra de duda, la unidad de criterio al interior del Estado norteamericano acerca del infame y punible ayuntamiento, a muy alto nivel del gobierno venezolano, con la narcoguerrilla de las Farc. Una verdad que, por cierto, no tenía que certificarnos el Pentágono o el Departamento de Estado, entre otras cosas porque en Colombia sí que la tenemos bien documentada, sobre todo desde que cayó en poder de las autoridades el valioso contenido de los computadores del comandante ‘Raúl Reyes’, material que también muy seguramente ha servido a las de Estados Unidos para adoptar sus propias conclusiones. Pero, además, esa verdad no está documentada sólo a partir de aquella brillante “Operación Fénix” del Ejército colombiano. La periodista venezolana Martha Colmenares, acusada por el régimen de “golpista”, “desestabilizadora”, “imperialista” y de estar “pagada por la CIA”, recuerda en uno de sus artículos la larga historia de amistad y admiración mutua entre Chávez y las Farc. Sólo algunas fechas, como botón de muestra: En 1996, Chávez participa en el VI Encuentro del Foro de Sao Paulo y uno de sus contertulios fue ‘Raúl Reyes’, quien más tarde manifiesta su simpatía por Chávez y lo cataloga de «patriota». En enero de 1999, tres semanas después de asumir la Presidencia, Chávez declara que su gobierno sería “neutral” frente a las Farc y el 2 de octubre de ese mismo año dice que “la guerrilla ya no es el enemigo común de Colombia y Venezuela”. Colmenares asegura que existe un documento del año 2000 que señala que Chávez había sido el candidato de la guerrilla colombiana y hay un comunicado de las Farc, de febrero de ese año, donde dan un amplio respaldo a su gobierno. Meses después, el ex director de la Disip – el organismo de inteligencia venezolano - Jesús Urdaneta, denunció que el Gobierno le ordenó entregar 300.000 dólares a la guerrilla colombiana, añadiendo que el Presidente Chávez “siempre ha querido darles armamento”. La historia es interminable. Basta decir, a manera de conclusión, que ese es el personaje que ahora mete sus narices, cínica y descaradamente, en el debate presidencial colombiano. Hace bien el Gobierno en denunciarlo y en respaldar a quien ha sido blanco preferido de sus ataques: el candidato Juan Manuel Santos.